Hay que nacionalizar las cajas e intervenir los bancos que reciban ayudas públicas para garantizar que sus recursos se usen en beneficio social, empezando por las viviendas vacías, y poner fin a la política de recortes

17 de diciembre de 2011

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se apresta a la tarea de profundizar en la política de recortes del gasto social y a inyectar una nueva dosis de dinero público al sistema bancario. Por tanto va a detraer más dinero público en beneficio de las empresas privadas, sobre todo para los bancos, y en detrimento del necesario para educación, sanidad, empleo, dependencia. Esta política nos aboca a una espiral desastrosa para las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad y, en particular, para las familias trabajadoras.

A la par que se prepara un recorte de al menos 40.000 millones de euros en gasto público, que repercutirá directamente en el gasto social y el empleo, se prepara una nueva inyección de miles de millones de euros para los bancos y cajas. Una de las fórmulas que se está planteando es la creación de un Banco “malo”, que consiste en vender al Estado todos sus activos de dudoso cobro (1).

Sólo la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell ya supone poner a disposición del Sabadell 37.000 millones de euros de dinero público para garantizarle la cobertura de las pérdidas (2). ¿Qué costará “sanear” el conjunto del sistema financiero? Hay unos 180.000 millones de euros en créditos problemáticos según datos del propio Banco de España, la mayoría inmobiliarios y a empresas de la construcción. Bankia, BBVA y Novagalicia ya han ido agrupando sus activos inmobiliarios preparándose para una salida en esa dirección.

Sea cual sea la fórmula que finalmente se emplee, sólo será continuar con lo que se viene haciendo desde que empezó la crisis, que es salvar a los bancos con dinero público, más de 140.000 millones de euros en ayudas de todo tipo (3), mientras miles de trabajadores de la educación, la sanidad o la dependencia se quedan en la calle, y se deterioran los servicios públicos.

Si queremos detener este saqueo del erario público es necesario plantear una alternativa clara que se sume a nuestras reivindicaciones más básicas, y que abra la puerta a una política que ponga los recursos de la sociedad al servicio del pleno empleo y de unos servicios públicos dignos. La Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros lanzamos las siguientes propuestas al conjunto de organizaciones sociales para que las debatan y se movilicen por ellas:

  1. Hay que rechazar la creación de un “Banco malo”, o cualquier otra fórmula, que signifique seguir pagando con dinero público las deudas de los bancos y cajas, mientras los beneficios siguen en manos privadas, las mismas que se beneficiaron de la especulación, amasando enormes fortunas, y promovieron el actual desastre financiero.
  2. Dado que el erario público está obligado a intervenir para evitar la quiebra de un servicio esencial como es el sector financiero, debe exigirse que esa intervención no se limite a “socializar las pérdidas”, sino que los beneficios del sector financiero y, en general, los ahorros depositados en las cajas y bancos se empleen de la forma más sensata y racional para atender las necesidades sociales, los servicios públicos y la erradicación del desempleo.
  3. Para ello proponemos la nacionalización del conjunto del sistema financiero conformado por las Cajas de Ahorros cuya gestión pasará a estar vinculada a las políticas sociales y económicas públicas, y será controlada democráticamente con una rendición de cuentas pública y regular. Además, todas las ayudas públicas de cualquier índole que reciban el resto de las entidades financieras deben comportar, lógicamente, la entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en la gestión de los bancos. Dichos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.
  4. Realización de una auditoría por personal cualificado de la administración pública, sin vínculo alguno con las entidades financieras, que garantice una información pública veraz y exhaustiva de todo el sistema financiero español para saber la situación real de dichas entidades.
  5.  Las cajas y los bancos que reciban ayudas públicas de cualquier índole someterán su gestión al interés general. En primer lugar, prestarán dinero al sector público al mismo tipo de interés con el que ellos reciben el dinero del Banco Central Europeo (el 1,5%), a fin de acabar con la escalada de la deuda y la sangría de recursos públicos, y poder dar prioridad al desarrollo de unos servicios públicos y a la creación de empleo. Hemos de tener en cuenta que la deuda pública todavía es pequeña, que el problema real está en la deuda de las grandes empresas, sobre todo los bancos, y que si no hacemos nada, lo que sucederá es que éstos nos transferirán toda su deuda a nosotros (1).
  6. Además, por la gravedad que reviste el problema de la vivienda, todo el parque de vivienda en propiedad de los bancos y antiguas cajas pasará a formar parte de un Parque Público de Viviendas para que se proceda a su alquiler a precios asequibles. Igualmente, los suelos en propiedad de dichas entidades engrosarán el patrimonio público de suelo a fin de que se utilice para la posible construcción de vivienda protegida que se estime necesaria. Las deudas de familias desahuciadas que carezcan de recursos serán condonadas y a las familias abocadas al desahucio que demuestren carecer de recursos se les permitirá seguir ocupando su vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos.
  7. Toda entidad financiera pública o con participación pública, se abstendrá de tomar parte en actividades especulativas, en la promoción de la sanidad o educación privadas; cerrará todas sus sucursales en paraísos fiscales y revisará la política de todas las empresas de las que sea accionista para garantizar el respeto a los derechos laborales, sociales y ecológicos. Los salarios de sus directivos no superarán nunca el máximo de los salarios de los trabajadores del sector público, basta de “milloneuristas”.
  8. La banca pública o con participación pública garantizará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas.
  9. Llamamos a los partidos de izquierda a llevar estas propuestas al Parlamento estatal y a los autonómicos, así como a aprobar mociones a favor de las mismas en los ayuntamientos. Exigimos a los representantes de la izquierda política y sindical en los órganos de las antiguas Cajas de Ahorros a que defiendan estas propuestas y actúen de forma consecuente con ellas, así como que faciliten toda la información que esté a su alcance para saber cuál es la situación real de dichas entidades.
  10. Llamamos a todas las organizaciones de la izquierda sindical y política a incorporar estas propuestas a su programa, a difundirlas y a movilizarse por su aplicación.

Notas:

1.    BANKIA ORDENA SU ACTIVO INMOBILIARIO EN ESPERA DE LA CREACIÓN DE UN ‘BANCO MALO’ La banca comienza a ordenar sus activos inmobiliarios ante la previsible creación de un banco malo. Bankia, la firma con más inmuebles y suelo del sector, dio el lunes el primer paso al fusionar las sociedades inmobiliarias de las siete cajas que la componen: http://www.cincodias.com/articulo/mercados/bankia-ordena-activo-inmobiliario-espera-creacion-banco-malo/20111214cdscdimer_8/”>Leer más</a>

2.    La adjudicación de la CAM o cómo robar al pueblo: https://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com/2011/12/13/una-operacion-vergonzosa/

3.    El apoyo público a los bancos llega a los 141.000 millones de euros: https://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com/2011/12/15/el-apoyo-publico-a-los-bancos-llega-a-los-141-000-millones/

4.    A partir de datos del McKinsey Global Institute se estima que la deuda española total ascendería a 4,25 billones de euros, de las que la pública supone un 16% (menos de 700.000 millones) y la privada un 84% (3,57 billones). Y de esta última, 1,6 billones corresponde a las empresas, 1,35 billones a los bancos y menos de un billón a las familias. En otras palabras, son los bancos y las grandes empresas los principales responsables del endeudamiento del Estado y, si no se detiene la actual política, acabarán transfiriendo estas deudas al erario público, es decir, a todos nosotros (publicado en “Ecologista” nº 71, 2011, artículo “La deuda en España equivale a 4 veces el PIB, pero sólo la sexta parte es pública. Deudocracia: hipotecando el futuro”).

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