Una de las últimas medidas legislativas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
el pasado mes de octubre, fue la fusión en uno solo de los tres fondos de garantías de
depósito existentes de los bancos, de las cajas y de las cooperativas de crédito, creando
el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y estableciendo que este
fondo proveerá al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) ante las
posibles pérdidas que surjan en el proceso de reestructuración del sistema financiero
español. La función del Fondo de Garantías de Depósitos no era esa, sino que es una
suerte de impuesto a los bancos con la finalidad de tener un fondo que garantice los
depósitos bancarios hasta un máximo de 100.000 euros en caso de quiebras de entidades
financieras. Si con el dinero disponible del Fondo, cerca de 3.000 millones de euros que
no están comprometidos en otras ayudas, no puede ni garantizar su propia función en
caso de una quiebra bancaria significativa pues sólo alcanzaría para cubrir un 0,37%
de todos los depósitos existentes, hasta 100.000 euros, aún menos puede proveer al
FROB de recursos para sanear el sistema financiero español, con créditos inmobiliarios
y a constructoras calificados de problemáticos por unos 181.000 millones de euros.
Básicamente, la medida ha servido para que el dinero de ese fondo se destine a aquello
para lo que no estaba previsto, el saneamiento de los bancos.

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