Hay que nacionalizar las cajas y sus bancos participados para crear una banca pública potente

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha anunciado la presentación inmediata de un Real Decreto para el saneamiento del sistema financiero con el que “pretende resolver los problemas de las entidades financieras y despejar todas las dudas sobre su solvencia”.  Al mismo tiempo, el actual Presidente del Banco Financiero y de Ahorros y de su filial, Bankia, Rodrigo Rato ha dimitido y se ha filtrado que la entidad que se encuentra en una crítica situación, recibirá una inyección de dinero público que puede alcanzar los 10.000 millones de euros en forma de bonos contingentes convertibles.

Ante esta situación, la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro quiere decir lo siguiente:

Se anuncia una nueva solución definitiva para las entidades financieras españolas, tres meses después de un Real Decreto que decía resolver la totalidad de los problemas existentes. Nuestra Plataforma ya denunció en febrero de este año que la reforma planteada era absolutamente insuficiente para afrontar la insuficiencia de capital de bancos y cajas de ahorros. Al menos esta vez el Gobierno no puede evitar reconocer que existirá coste económico para los ciudadanos. Es evidente que esta nueva fase de la reforma financiera va a requerir ingentes cantidades de dinero público.

La nueva inyección, que puede alcanzar los 10.000 millones de euros —mientras se recortan miles de millones en la Sanidad y la Educación públicas— en bonos contingentes convertibles en el Banco Financiero y de Ahorros volverá a ser insuficiente. La entidad precisa de una profunda recapitalización, es decir, aportación de fondos no reembolsables con derechos políticos. Rechazamos la emisión de títulos de deuda que solamente se convertirían en acciones en el caso de que los niveles de solvencia se sitúen por debajo de un umbral previamente fijado. La utilización de este mecanismo es únicamente un intento de maquillar ante las autoridades europeas las ayudas públicas que precisa. Esta enorme cantidad de fondos se sumará a los 4.465 millones de euros en participaciones preferentes convertibles ya suscritas por el FROB, a los más de 28.000 millones de euros de emisiones de la entidad avaladas por el Tesoro Público y a una idéntica cantidad prestada por el Banco Central Europeo. 

El estallido del Banco Financiero y de Ahorros pone una vez más de manifiesto la vergonzosa actuación del Banco de España que ha consentido la ocultación de datos por parte del Consejo de Administración y el retraso en la publicación de sus resultados sin intervenir como era su obligación. El organismo supervisor ha vuelto a demostrar de forma palmaria su incapacidad a la hora de solucionar el problema de fondo de las entidades financieras.

Así mismo, hay que denunciar la necesaria colaboración de Agencias privadas como Deloitte que certificaron con su informe la buena situación de Bankia cuando salió a Bolsa.

Ante todo lo anterior exigimos al Gobierno de la nación:

La inmediata conversión en capital de las participaciones preferentes ya suscritas por el FROB como contempla el decreto de constitución del propio Fondo y la actuación responsable del Estado desde la propiedad con vocación de permanencia. El Estado tiene la obligación de nacionalizar de forma inmediata el Banco Financiero y de Ahorros y Bankia, y gestionar las entidades de forma directa. Las propias normas del FROB recogen esa posibilidad en caso de que las circunstancias lo hagan necesario y no es posible imaginar que existan hechos más graves que los que han dado lugar a la actual situación.

Que toda inyección de dinero realizada a partir de este momento en BFA-Bankia o en cualquier otra entidad que precise de dinero público, se transforme en acciones con derechos políticos.

La oportuna depuración de responsabilidades que alcance a los directivos que con su gestión han situado a la entidad al borde del abismo. Se han comprometido más de 60 mil millones de euros de dinero público para salvar a esta entidad financiera y el Presidente dimisionario plantea el nombramiento de su sucesor al resto del Consejo de Administración, un “gestor” que se jubiló con 52 millones de euros del BBVA, que es corresponsable de la desastrosa situación del conjunto del sistema financiero español y que sólo rubrica que se pretende pagar las deudas con dinero público para, posteriormente, entregar definitivamente Bankia a manos privadas. Lo adecuado desde un Código de Buenas Prácticas es que todos los que han coadyuvado para llegar a la actual situación fueran inhabilitados para ejercer cargos de responsabilidad en entidades financieras.

Siendo gravísima la situación patrimonial de BFA-Bankia, sería una simplificación interesada pensar que esta entidad (el 10% del sistema financiero español) es la única causa de la desconfianza que planea sobre el sistema bancario español. A estas alturas es evidente que BFA-Bankia no es la excepción sino un claro exponente de la situación de quiebra general de las entidades financieras del país que solamente se sostienen por la intervención pública en forma de inyecciones de capital directas, avales o financiación blanda procedente del Banco Central Europeo.

Por todo lo anterior, la propuesta de una banca pública bajo control democrático y gestionada con transparencia, creada mediante la nacionalización de las cajas de ahorro, no es una de las opciones posibles para resolver la actual crisis. Es la única solución porque es imposible la movilización de fondos privados en la cuantía necesaria para recapitalizar las entidades financieras españolas. Cada vez más son las voces que reclaman la nacionalización de las cajas. Ya es hora de que todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales, respalden y llamen a la movilización con decisión a favor de esta reivindicación, que es una de las condiciones imprescindibles para detener y revertir la política de recortes de plantillas, salarios y servicios públicos. De lo contrario, lo que se está haciendo no es salvar a los bancos sino salvar a los “banqueros”, pagando sus deudas con dinero de todos y dejándoles la gestión de los ahorros de la sociedad para que puedan seguir amasando grandes fortunas con ella. Hace falta el coraje político y la visión a largo plazo necesarios  para abordar la reconversión del sector, sanear sus balances, administrar el stock de viviendas adjudicadas de forma socialmente responsable y cumplir el objetivo primordial de su existencia: canalizar el ahorro hacia la inversión , el desarrollo de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc) y el empleo en lugar de alimentar burbujas especulativas que únicamente conducen a ilusorias y temporales mejoras de bienestar.

SI NOSOTROS PAGAMOS, NOSOTROS DECIDIMOS

 

 

 

 

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