Un rescate a los bancos que pagaremos todos y que no resolverá el problema

Carlos Sánchez Mato (Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros)
10 de Junio de 2012

Escuchando la batería de argumentos con la que el Gobierno ha saludado la decisión del Eurogrupo de facilitar un crédito de hasta 100 mil millones de euros al Estado español, podría algún ingenuo espectador pensar que estamos ante una excelente noticia.
Aunque los detalles no están todavía suficientemente claros ya que no conocemos ni el plazo ni el precio ni el resto de condiciones de la operación, la línea de financiación se concederá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para que este organismo público acometa la reestructuración necesaria de nuestro sistema bancario.
Además de los perversos efectos que provocarán las condiciones impuestas al país, el “préstamo en condiciones muy ventajosas” según palabras del ministro De Guindos, no va a servir para solucionar el problema por varios motivos:
1. En primer lugar hay que destacar que el importe aprobado de hasta 100 mil millones de euros adicionales a los ya fagocitados por las entidades bancarias españolas es insuficiente para resolver sus problemas de solvencia. La caída del precio de los activos, la morosidad oculta en los balances y la que aflorará por el crecimiento del paro, la caída de sus márgenes y el deterioro de su negocio hará imprescindible fondos que duplicarán ese límite.
2. Esta monstruosa cantidad  de dinero será inyectada a través del FROB a las entidades con problemas. Según repite de forma machacona el Gobierno éstas son únicamente el 30% del sector porque el resto del sistema está sano. Sin embargo, las entidades españolas (todas ellas, con Santander y BBVA a la cabeza) dependen de forma casi exclusiva de la financiación otorgada por el Banco Central Europeo al que deben 316 mil millones de euros. La política sigue siendo la misma que hasta ahora: Minimizar el problema con lo que se garantiza que éste no se resolverá.
3. El nuevo error de diagnóstico de la situación provocará graves consecuencias. No se puede resolver el sobreendeudamiento de las entidades bancarias con nuevos préstamos concedidos por el FROB. No parece haberse aprendido la lección de las intervenciones iniciales de este organismo. ¿Cómo va a generar el conjunto del sector bancario las ingentes cantidades que vencen en los próximos tres años y, además, devolver los hasta 100 mil millones de esta nueva inyección?.
4. Tal y como ha ocurrido hasta ahora, las entidades financieras van a seguir siendo remisas a pedir el apoyo del FROB hasta que no puedan resistir más. Los incentivos de los miembros de los Consejos de Administración para seguir ocultando la insolvencia de sus balances es elevada. ¿Van a ser capaces el Gobierno y el Banco de España de que afloren las pérdidas latentes con las inevitables consecuencias negativas de este reconocimiento para sus directivos?. Las actuaciones que han tenido en el pasado nos impiden abonarnos a las tesis optimistas y podemos esperar un agotador y largo proceso de continuos regates que bancos y cajas realizarán para sustraerse a una inevitable quiebra.
La formalización de la asistencia financiera aprobada supondrá el incremento de un 10% de la deuda pública sobre el PIB. Aunque las condiciones económicas del préstamo sean inferiores a las que el mercado impondría si el FROB acudiese directamente a los inversores para obtener los fondos, no es descabellado pensar en un coste anual cercano a los 5 mil millones de euros que tendrán su efecto inmediato en el incremento del déficit público (0,5% del PIB). Además es preciso destacar que el coste de la nueva financiación que España tendrá que obtener no se relajará. El crédito otorgado por el Eurogrupo tendrá prioridad sobre los acreedores privados. Eso en la práctica supondrá un deterioro en la capacidad de financiación futura y un deterioro de los precios de la deuda pública en circulación (casi un tercio de ella en manos de las entidades bancarias).
En definitiva, independientemente del nombre con el que sea denominado, préstamo o rescate, lo aprobado el 9 de junio es injusto por la asunción de deudas privadas por parte del Estado e insuficiente para resolver el reto de la quiebra del sistema bancario español.

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