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DE VICTORIA EN VICTORIA HASTA LA DERROTA FINAL

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Un rescate a los bancos que pagaremos todos y que no resolverá el problema

Carlos Sánchez Mato (Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros)
10 de Junio de 2012

Escuchando la batería de argumentos con la que el Gobierno ha saludado la decisión del Eurogrupo de facilitar un crédito de hasta 100 mil millones de euros al Estado español, podría algún ingenuo espectador pensar que estamos ante una excelente noticia.
Aunque los detalles no están todavía suficientemente claros ya que no conocemos ni el plazo ni el precio ni el resto de condiciones de la operación, la línea de financiación se concederá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para que este organismo público acometa la reestructuración necesaria de nuestro sistema bancario.
Además de los perversos efectos que provocarán las condiciones impuestas al país, el “préstamo en condiciones muy ventajosas” según palabras del ministro De Guindos, no va a servir para solucionar el problema por varios motivos:
1. En primer lugar hay que destacar que el importe aprobado de hasta 100 mil millones de euros adicionales a los ya fagocitados por las entidades bancarias españolas es insuficiente para resolver sus problemas de solvencia. La caída del precio de los activos, la morosidad oculta en los balances y la que aflorará por el crecimiento del paro, la caída de sus márgenes y el deterioro de su negocio hará imprescindible fondos que duplicarán ese límite.
2. Esta monstruosa cantidad  de dinero será inyectada a través del FROB a las entidades con problemas. Según repite de forma machacona el Gobierno éstas son únicamente el 30% del sector porque el resto del sistema está sano. Sin embargo, las entidades españolas (todas ellas, con Santander y BBVA a la cabeza) dependen de forma casi exclusiva de la financiación otorgada por el Banco Central Europeo al que deben 316 mil millones de euros. La política sigue siendo la misma que hasta ahora: Minimizar el problema con lo que se garantiza que éste no se resolverá.
3. El nuevo error de diagnóstico de la situación provocará graves consecuencias. No se puede resolver el sobreendeudamiento de las entidades bancarias con nuevos préstamos concedidos por el FROB. No parece haberse aprendido la lección de las intervenciones iniciales de este organismo. ¿Cómo va a generar el conjunto del sector bancario las ingentes cantidades que vencen en los próximos tres años y, además, devolver los hasta 100 mil millones de esta nueva inyección?.
4. Tal y como ha ocurrido hasta ahora, las entidades financieras van a seguir siendo remisas a pedir el apoyo del FROB hasta que no puedan resistir más. Los incentivos de los miembros de los Consejos de Administración para seguir ocultando la insolvencia de sus balances es elevada. ¿Van a ser capaces el Gobierno y el Banco de España de que afloren las pérdidas latentes con las inevitables consecuencias negativas de este reconocimiento para sus directivos?. Las actuaciones que han tenido en el pasado nos impiden abonarnos a las tesis optimistas y podemos esperar un agotador y largo proceso de continuos regates que bancos y cajas realizarán para sustraerse a una inevitable quiebra.
La formalización de la asistencia financiera aprobada supondrá el incremento de un 10% de la deuda pública sobre el PIB. Aunque las condiciones económicas del préstamo sean inferiores a las que el mercado impondría si el FROB acudiese directamente a los inversores para obtener los fondos, no es descabellado pensar en un coste anual cercano a los 5 mil millones de euros que tendrán su efecto inmediato en el incremento del déficit público (0,5% del PIB). Además es preciso destacar que el coste de la nueva financiación que España tendrá que obtener no se relajará. El crédito otorgado por el Eurogrupo tendrá prioridad sobre los acreedores privados. Eso en la práctica supondrá un deterioro en la capacidad de financiación futura y un deterioro de los precios de la deuda pública en circulación (casi un tercio de ella en manos de las entidades bancarias).
En definitiva, independientemente del nombre con el que sea denominado, préstamo o rescate, lo aprobado el 9 de junio es injusto por la asunción de deudas privadas por parte del Estado e insuficiente para resolver el reto de la quiebra del sistema bancario español.

SI NOSOTROS PAGAMOS, NOSOTROS DECIDIMOS

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Basta de dar dinero a los banqueros, nacionalización completa de las cajas y sus bancos para crear una banca pública

– Nacionalización íntegra y permanente de BFA-Bankia

– Nacionalizar todas las cajas y sus bancos para convertirlos en el pilar de una banca pública fuerte, que utilice los ahorros de la sociedad para contribuir al pleno empleo y unos servicios públicos de calidad

– Auditar las cuentas de todo el sector financiero para saber cuál es su verdadera situación

– Intervenir todos los bancos que reciban ayudas públicas para garantizar un uso responsable de los ahorros de la sociedad

Hay que nacionalizar el BFA-Bankia íntegramente

La nacionalización parcial del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, nos da la razón a quienes venimos exigiéndola desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, la medida del Gobierno sólo pretende pagar con dinero público las deudas que la entidad tiene, fruto de los años de la especulación del ladrillo, para luego devolverla a manos privadas, es decir, a manos de los grandes accionistas y directivos de la banca privada. Mientras, por el camino se está perdiendo la Obra Social y, por ahora, unos 4.000 empleos.

La entidad ya ha obtenido algo más de 30.000 millones de euros de dinero público en distintos conceptos: avales, compra de títulos del banco y compra de participaciones preferentes. Además, ha recibido 40.000 millones de euros del Banco Central Europeo al 1% de interés y a devolver en tres años. Y, a pesar de toda esta ayuda, va a necesitar entre 7.000 ó 10.000 millones de euros más, lo cual, probablemente no será suficiente para resolver la situación de la entidad. ¡En total estamos hablando de unos 80.000 millones de euros, una cantidad que equivale a lo que se pretende recortar en gasto público (sanidad, educación, dependencia, etcétera) y empleo!

Por tanto, esta entidad debe ser definitivamente íntegramente pública nacionalizándose de manera completa tanto el BFA como Bankia y poner en marcha unas medidas que permitan una gestión bajo control democrático, transparente y que realmente permita sanear la situación de la entidad. Para ello reclamamos:

– El cese del conjunto de los órganos de dirección de BFA-Bankia y su sustitución por personas con la necesaria cualificación técnica pero que no estén vinculadas a la gestión de las entidades financieras. No podemos poner a ex-directivos de la banca privada, pues sería como «poner a la zorra a cuidar del gallinero», son estos “gestores profesionales” los responsables principales de la situación de bancos y cajas y lo que les reprochamos a los representantes políticos y sindicales es el habérselo permitido.

– La realización de una auditoría pública y completa de la entidad, de forma asequible para todos los ciudadanos, que permita conocer su situación real y establecer un plan efectivo de saneamiento.

– La primera prioridad en dicho proceso de saneamiento será la protección de los ahorros, por modestos que sean (las nóminas y pensiones…) de los más de 10 millones de impositores, que no los depositaron en dichas entidades para que sus gestores los dilapidaran en actividades especulativas.

– Dicho saneamiento debe de hacerse, en primer lugar, a costa de sus accionistas y acreedores, y sólo como último recurso mediante la inyección de dinero público.

– Se tomarán medidas para garantizar los intereses legales de los pequeños accionistas, apoyando mediante la actuación del Ministerio Fiscal las reclamaciones de los que han sido engañados para que comprarán productos financieros que les han transformado en accionistas forzosos con información falseada.

– El establecimiento de responsabilidades de los antiguos gestores de la entidad, del Banco de España, así como de los gobiernos (central, autonómicos y municipales) y de las distintas entidades de las Asambleas Generales de sus Cajas, que tenían la responsabilidad de velar por estas entidades Cajas de Ahorros.

– La obligación de vincular la gestión de la nueva entidad a las políticas sociales y económicas de las administraciones públicas, con un rendimiento público y transparente de las cuentas todos los años en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía. Esto permitiría salvaguardar la Obra Social incorporándola a la red pública de servicios sociales y, sobre todo, posibilitaría que la gestión de los ahorros de la sociedad depositados en esta entidad esté dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.

– Cierre inmediato de todas sus sucursales en paraísos fiscales, bloqueando de forma inmediata los fondos ahí depositados, así como establecimiento de la prohibición de participar en actividades especulativas o relacionadas con la privatización de servicios públicos.

– La integración del parque de viviendas de Bankia (unas 25.000) en un parque público de viviendas en régimen de alquiler, a precios realmente asequibles, y poner fin a la política de desahucios y aplicar una condonación de las deudas de todas aquellas familias que hayan sido desahuciadas.

– Hay que limitar el salario de los directivos de la caja al mismo nivel que se marca para el conjunto de los trabajadores públicos, en función de su categoría, poniendo fin de una vez por todas a los salarios «milloneuristas».

– Como entidad financiera pública, prestaría dinero que recibe del Banco Central Europeo al 1%, a ese mismo interés más un pequeño porcentaje que cubriera los costes de gestión, en lugar del 4 ó 5% actual.

– La entidad aplicará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas, y, en especial, un trato preferente a las cuentas nómina y, en general, a las rentas más humildes.

Nacionalizar todas las cajas e intervenir los bancos privados

Los problemas de Bankia no son más que los problemas del conjunto del sistema financiero, cajas y bancos. Todos ellos estarían en quiebra sino fuera por las ayudas públicas que reciben, por parte del Estado español (141.000 millones de euros hasta la fecha) y del Banco Central Europeo (casi 316.000 millones, con préstamos en su mayoría a tres años).

Todos ellos se han dedicado a fomentar la especulación, particularmente en el negocio inmobiliario, amasando enormes fortunas para sus grandes accionistas y, ahora que todo ese castillo de naipes se ha derrumbado, nos dejan las deudas para que las paguemos entre todos. Y esas mismas entidades financieras que reciben cientos de miles de millones de euros del erario público son las que nos exigen recortes drásticos para el gasto social.

En definitiva, estas medidas financieras son inseparables de la política de recortes, que está consistiendo en transferir recursos públicos para sufragar quiebras privadas de una enorme magnitud, y que se enmarca dentro de una drástica transferencia de rentas de quienes menos tienen a los sectores más ricos de la sociedad, que se suma a la que se está imponiendo con los despidos masivos de estos años y los recortes salariales.

Si son nuestros ahorros, si pagamos con dinero público, nosotros tenemos que tener derecho a decidir. No se puede seguir actuando a salto de mata y de la forma más beneficiosa para los banqueros, no para la sociedad. La única forma de sanear el sistema financiero, prevenir futuras crisis, revertir esta política de recortes y combatir el paro, es mediante:

– La nacionalización de todas las cajas y sus bancos (una parte muy importante ya lo está), pero no para venderla a precio de saldo a la banca privada para que una minoría de grandes accionistas puedan seguir ganando dinero con nuestros ahorros, mientras la deudas las pagamos entre todos, sino para transformarla en una auténtica banca pública que supondría cerca de la mitad del sistema financiero, y haría posible garantizar su viabilidad y una gestión que democrática, transparente y en beneficio de la mayoría de la sociedad.

– Todas las ayudas que reciban las entidades financieras deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en los consejos de administración de dichas entidades, que rendirán cuentas públicamente y garantizarán una gestión responsable socialmente.

– Finalmente, se intervendría en todas las entidades financieras para realizar una auditoría integral y pública de la situación de las mismas, por organismos públicos con personal cualificado pero sin vínculos con las entidades financieras, para averiguar cuál es la situación real de estas entidades.

Hacemos un llamamiento a todas las entidades políticas, sindicales y sociales que luchan contra los planes de recorte de derechos sociales y laborales, a trabajar de forma coordinada para difundir estas propuestas, a incorporarlas a sus reivindicaciones y a movilizar para exigir su aplicación.

Banco Financiero y de Ahorros- Bankia: Crónica de una caída anunciada

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Hay que nacionalizar las cajas y sus bancos participados para crear una banca pública potente

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha anunciado la presentación inmediata de un Real Decreto para el saneamiento del sistema financiero con el que “pretende resolver los problemas de las entidades financieras y despejar todas las dudas sobre su solvencia”.  Al mismo tiempo, el actual Presidente del Banco Financiero y de Ahorros y de su filial, Bankia, Rodrigo Rato ha dimitido y se ha filtrado que la entidad que se encuentra en una crítica situación, recibirá una inyección de dinero público que puede alcanzar los 10.000 millones de euros en forma de bonos contingentes convertibles.

Ante esta situación, la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro quiere decir lo siguiente:

Se anuncia una nueva solución definitiva para las entidades financieras españolas, tres meses después de un Real Decreto que decía resolver la totalidad de los problemas existentes. Nuestra Plataforma ya denunció en febrero de este año que la reforma planteada era absolutamente insuficiente para afrontar la insuficiencia de capital de bancos y cajas de ahorros. Al menos esta vez el Gobierno no puede evitar reconocer que existirá coste económico para los ciudadanos. Es evidente que esta nueva fase de la reforma financiera va a requerir ingentes cantidades de dinero público.

La nueva inyección, que puede alcanzar los 10.000 millones de euros —mientras se recortan miles de millones en la Sanidad y la Educación públicas— en bonos contingentes convertibles en el Banco Financiero y de Ahorros volverá a ser insuficiente. La entidad precisa de una profunda recapitalización, es decir, aportación de fondos no reembolsables con derechos políticos. Rechazamos la emisión de títulos de deuda que solamente se convertirían en acciones en el caso de que los niveles de solvencia se sitúen por debajo de un umbral previamente fijado. La utilización de este mecanismo es únicamente un intento de maquillar ante las autoridades europeas las ayudas públicas que precisa. Esta enorme cantidad de fondos se sumará a los 4.465 millones de euros en participaciones preferentes convertibles ya suscritas por el FROB, a los más de 28.000 millones de euros de emisiones de la entidad avaladas por el Tesoro Público y a una idéntica cantidad prestada por el Banco Central Europeo. 

El estallido del Banco Financiero y de Ahorros pone una vez más de manifiesto la vergonzosa actuación del Banco de España que ha consentido la ocultación de datos por parte del Consejo de Administración y el retraso en la publicación de sus resultados sin intervenir como era su obligación. El organismo supervisor ha vuelto a demostrar de forma palmaria su incapacidad a la hora de solucionar el problema de fondo de las entidades financieras.

Así mismo, hay que denunciar la necesaria colaboración de Agencias privadas como Deloitte que certificaron con su informe la buena situación de Bankia cuando salió a Bolsa.

Ante todo lo anterior exigimos al Gobierno de la nación:

La inmediata conversión en capital de las participaciones preferentes ya suscritas por el FROB como contempla el decreto de constitución del propio Fondo y la actuación responsable del Estado desde la propiedad con vocación de permanencia. El Estado tiene la obligación de nacionalizar de forma inmediata el Banco Financiero y de Ahorros y Bankia, y gestionar las entidades de forma directa. Las propias normas del FROB recogen esa posibilidad en caso de que las circunstancias lo hagan necesario y no es posible imaginar que existan hechos más graves que los que han dado lugar a la actual situación.

Que toda inyección de dinero realizada a partir de este momento en BFA-Bankia o en cualquier otra entidad que precise de dinero público, se transforme en acciones con derechos políticos.

La oportuna depuración de responsabilidades que alcance a los directivos que con su gestión han situado a la entidad al borde del abismo. Se han comprometido más de 60 mil millones de euros de dinero público para salvar a esta entidad financiera y el Presidente dimisionario plantea el nombramiento de su sucesor al resto del Consejo de Administración, un “gestor” que se jubiló con 52 millones de euros del BBVA, que es corresponsable de la desastrosa situación del conjunto del sistema financiero español y que sólo rubrica que se pretende pagar las deudas con dinero público para, posteriormente, entregar definitivamente Bankia a manos privadas. Lo adecuado desde un Código de Buenas Prácticas es que todos los que han coadyuvado para llegar a la actual situación fueran inhabilitados para ejercer cargos de responsabilidad en entidades financieras.

Siendo gravísima la situación patrimonial de BFA-Bankia, sería una simplificación interesada pensar que esta entidad (el 10% del sistema financiero español) es la única causa de la desconfianza que planea sobre el sistema bancario español. A estas alturas es evidente que BFA-Bankia no es la excepción sino un claro exponente de la situación de quiebra general de las entidades financieras del país que solamente se sostienen por la intervención pública en forma de inyecciones de capital directas, avales o financiación blanda procedente del Banco Central Europeo.

Por todo lo anterior, la propuesta de una banca pública bajo control democrático y gestionada con transparencia, creada mediante la nacionalización de las cajas de ahorro, no es una de las opciones posibles para resolver la actual crisis. Es la única solución porque es imposible la movilización de fondos privados en la cuantía necesaria para recapitalizar las entidades financieras españolas. Cada vez más son las voces que reclaman la nacionalización de las cajas. Ya es hora de que todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales, respalden y llamen a la movilización con decisión a favor de esta reivindicación, que es una de las condiciones imprescindibles para detener y revertir la política de recortes de plantillas, salarios y servicios públicos. De lo contrario, lo que se está haciendo no es salvar a los bancos sino salvar a los “banqueros”, pagando sus deudas con dinero de todos y dejándoles la gestión de los ahorros de la sociedad para que puedan seguir amasando grandes fortunas con ella. Hace falta el coraje político y la visión a largo plazo necesarios  para abordar la reconversión del sector, sanear sus balances, administrar el stock de viviendas adjudicadas de forma socialmente responsable y cumplir el objetivo primordial de su existencia: canalizar el ahorro hacia la inversión , el desarrollo de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc) y el empleo en lugar de alimentar burbujas especulativas que únicamente conducen a ilusorias y temporales mejoras de bienestar.

SI NOSOTROS PAGAMOS, NOSOTROS DECIDIMOS

 

 

 

 

Una nueva fusión bancaria pagada con dinero público

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Hace unos días hemos conocido la noticia de la adjudicación de Unnim a BBVA. Esta entidad es fruto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu. En prensa se resalta que no tendrá coste para el erario público ya que el quebranto de dos mil millones de euros lo sufraga el Fondo de Garantía de Depósitos. Eso es radicalmente falso.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), público, vende por 1 euro el capital que ha puesto (953 millones de euros) al BBVA. Pierde, por tanto, lo aportado (aunque es verdad que recupera un euro…). El Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) concede un seguro para afrontar pérdidas hasta 1.044 millones (hasta el 80% de las que tenga BBVA en Unnim).

Se empeñan en sostener que recurrir a este organismo no supone un coste para el contribuyente. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el FGD no es un organismo privado de las entidades financieras. Está presidido por el subgobernador del Banco de España y se nutre con aportaciones de las entidades (no voluntarias sino obligadas por normativa). Además el propio Banco de España ha nutrido con más de un 20% sus fondos (que a día de hoy son inexistentes por las anteriores disposiciones de salvamento de entidades). Decir que los fondos del FGD son privados por el hecho de que parte de ellos provengan de las aportaciones de entidades financieras, es lo mismo que decir que no son fondos públicos los utilizados en sus políticas por el Ministerio de Sanidad, dado que provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Por tanto, esta operación que avanza en el proceso de concentración del sistema financiero español, utilizará de nuevo el dinero de todos y compromete aún más el cometido para el que fue creado el FGD (asegurar a los depositantes hasta un máximo de 100 mil euros por titular). De ese aseguramiento que se realiza con un FGD arruinado y cada vez más endeudado somos garantes todos los ciudadanos españoles.

Plataforma por la Nacionalización de las Cajas

¿Por qué la reforma financiera no va a resolver los problemas existentes?

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El Consejo de Ministros del viernes 3 de febrero de 2012 ha aprobado un nuevo anteproyecto de ley de reforma del sector financiero. La propaganda oficial presenta las medidas como la solución definitiva para las entidades financieras españolas y con la ventaja añadida de que no existirá coste económico para los ciudadanos. Pero eso no es así. La reforma financiera, que va a requerir ingentes cantidades de dinero público y no va a resolver los problemas de las entidades por los siguientes motivos:

1. Porque no va a resolver el problema de la insuficiencia de capital de las entidades financieras españolas. Hay una cifra de partida: 50 mil millones de euros de provisiones. Se va abordar por tanto y solo de forma parcial el problema de los activos inmobiliarios adjudicados y los créditos a promotores e inmobiliarios. Pero eso es solamente una parte del agujero. Además de los rubros sobre los que se van a pedir provisiones adicionales, existen muchos préstamos que deberían estar en situación de dudoso cobro y no están calificados como tales. De igual forma, hay garantías inmobiliarias sobrevaloradas en muchos de los préstamos no asociados al sector de la construcción que no van a ser saneadas.

2. Porque la recapitalización parcial que se va a realizar va a consistir en la emisión de títulos de deuda (bonos convertibles contingentes) que suscribirá el Estado a través del FROB. Se trata de un préstamo que el erario público hace a los bancos. A los 141.000 millones de euros puestos a disposición de los bancos hasta diciembre del año pasado, se pondrán otras decenas de miles más. Nuevamente se recorta el gasto social pero hay dinero para los banqueros.

3. Los títulos de deuda computarán como si fuera capital (aunque se trate de préstamos del Estado) pero no lo son. Tendrán un coste para las entidades pero les dejarán completa libertad a la hora de seguir gestionando de idéntica forma a la que les ha conducido a la quiebra. Lo lógico desde el punto de vista del interés general, ya que todos ponemos el dinero, sería que una representación pública pasase a formar parte de los consejos de administración de dichas entidades y así tener una información y capacidad de control directa en la gestión de dichas entidades.

4. Porque se va a dar un plazo excesivamente largo (en principio un año pero con la posibilidad de ampliarlo a dos ejercicios “si se cumplen las exigencias de buen gobierno”). Ese plazo no va a hacer que se recupere la confianza en la solvencia del sector financiero.

5. Porque parte del ajuste se va a realizar contra reservas y no contra resultados. El objetivo es que se note menos el quebranto al no figurar en la cuenta de explotación de las entidades y hacerlo únicamente en el balance. Una vez más, las entidades financieras presentarán resultados positivos al final de cada año y los quebrantos se esconderán en la cifra del ratio de capital principal. O sea, una vez más, “cortinas de humo” para proteger a los responsables de la situación, a la mayoría de los cuales no se les exige ninguna responsabilidad por haber llegado a esta situación y se les sigue permitiendo mantener sueldos millonarios.

6. Porque no se va a garantizar (y es prácticamente imposible que se pueda hacer sin tener un control efectivo de las entidades financieras) que la liquidez obtenida a través del BCE llegue a la economía real. Se plantea en el anteproyecto un vago “compromiso de ampliación del crédito” similar al que existe en este momento y que tendrá el mismo resultado que el actual. Es prácticamente seguro que ningún banco europeo colapsará en los tres próximos años por las inyecciones de fondos que están recibiendo. Van a utilizar esta liquidez para “maquillar” sus resultados con operaciones de compra de deuda pública y para afrontar los vencimientos de sus emisiones de deuda. Es decir, la banca va a sustituir de forma paulatina en el pasivo de su balance a ahorradores privados por el BCE pero no va a incrementar ni la financiación a empresas ni a las familias. El estrangulamiento de crédito intensificará la destrucción de empleo, la caída del precio de los activos y de esta forma se cerrará el círculo vicioso de deterioro de la solvencia de las entidades.

7. Una nueva oleada de destrucción de empleo en estas entidades, que podría llegar a los 50.000 puestos de trabajo perdidos, contribuyendo a agravar aún más el desempleo. Una vez más (y van tres desde el inicio de la crisis) los distintos Gobiernos de España abordan el problema sin voluntad de solución definitiva porque eso supondría enfrentarse al poder económico al que están irremediablemente unidos. Este nuevo fracaso (que anticipamos hoy igual que hicimos las veces anteriores) prolongará la agonía de la economía productiva, a la que seguirá sin llegar la financiación necesaria para sus actividades, hará crecer la deuda pública y, con ello, los recortes del gasto social y aumentará el desempleo.

El sector financiero es importantísimo para la sociedad, necesita ingentes cantidades de apoyo público y la única forma de resolver los problemas que tiene es la intervención pública del mismo, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorros y sus bancos participados, y la conversión en acciones con plenos derechos de todas las ayudas públicas al resto de las entidades. Eso sí posibilitaría un control democrático, la realización de una auditoría pública que nos permita conocer su situación real y, finalmente, la puesta de los recursos financieros a disposición de las necesidades sociales y económicas de la mayoría de la sociedad.

El “banco malo” y los recortes sociales

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Hay que nacionalizar las cajas e intervenir los bancos que reciban ayudas públicas para garantizar que sus recursos se usen en beneficio social, empezando por las viviendas vacías, y poner fin a la política de recortes

17 de diciembre de 2011

El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se apresta a la tarea de profundizar en la política de recortes del gasto social y a inyectar una nueva dosis de dinero público al sistema bancario. Por tanto va a detraer más dinero público en beneficio de las empresas privadas, sobre todo para los bancos, y en detrimento del necesario para educación, sanidad, empleo, dependencia. Esta política nos aboca a una espiral desastrosa para las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad y, en particular, para las familias trabajadoras.

A la par que se prepara un recorte de al menos 40.000 millones de euros en gasto público, que repercutirá directamente en el gasto social y el empleo, se prepara una nueva inyección de miles de millones de euros para los bancos y cajas. Una de las fórmulas que se está planteando es la creación de un Banco “malo”, que consiste en vender al Estado todos sus activos de dudoso cobro (1).

Sólo la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Banco Sabadell ya supone poner a disposición del Sabadell 37.000 millones de euros de dinero público para garantizarle la cobertura de las pérdidas (2). ¿Qué costará “sanear” el conjunto del sistema financiero? Hay unos 180.000 millones de euros en créditos problemáticos según datos del propio Banco de España, la mayoría inmobiliarios y a empresas de la construcción. Bankia, BBVA y Novagalicia ya han ido agrupando sus activos inmobiliarios preparándose para una salida en esa dirección.

Sea cual sea la fórmula que finalmente se emplee, sólo será continuar con lo que se viene haciendo desde que empezó la crisis, que es salvar a los bancos con dinero público, más de 140.000 millones de euros en ayudas de todo tipo (3), mientras miles de trabajadores de la educación, la sanidad o la dependencia se quedan en la calle, y se deterioran los servicios públicos.

Si queremos detener este saqueo del erario público es necesario plantear una alternativa clara que se sume a nuestras reivindicaciones más básicas, y que abra la puerta a una política que ponga los recursos de la sociedad al servicio del pleno empleo y de unos servicios públicos dignos. La Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros lanzamos las siguientes propuestas al conjunto de organizaciones sociales para que las debatan y se movilicen por ellas:

  1. Hay que rechazar la creación de un “Banco malo”, o cualquier otra fórmula, que signifique seguir pagando con dinero público las deudas de los bancos y cajas, mientras los beneficios siguen en manos privadas, las mismas que se beneficiaron de la especulación, amasando enormes fortunas, y promovieron el actual desastre financiero.
  2. Dado que el erario público está obligado a intervenir para evitar la quiebra de un servicio esencial como es el sector financiero, debe exigirse que esa intervención no se limite a “socializar las pérdidas”, sino que los beneficios del sector financiero y, en general, los ahorros depositados en las cajas y bancos se empleen de la forma más sensata y racional para atender las necesidades sociales, los servicios públicos y la erradicación del desempleo.
  3. Para ello proponemos la nacionalización del conjunto del sistema financiero conformado por las Cajas de Ahorros cuya gestión pasará a estar vinculada a las políticas sociales y económicas públicas, y será controlada democráticamente con una rendición de cuentas pública y regular. Además, todas las ayudas públicas de cualquier índole que reciban el resto de las entidades financieras deben comportar, lógicamente, la entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en la gestión de los bancos. Dichos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.
  4. Realización de una auditoría por personal cualificado de la administración pública, sin vínculo alguno con las entidades financieras, que garantice una información pública veraz y exhaustiva de todo el sistema financiero español para saber la situación real de dichas entidades.
  5.  Las cajas y los bancos que reciban ayudas públicas de cualquier índole someterán su gestión al interés general. En primer lugar, prestarán dinero al sector público al mismo tipo de interés con el que ellos reciben el dinero del Banco Central Europeo (el 1,5%), a fin de acabar con la escalada de la deuda y la sangría de recursos públicos, y poder dar prioridad al desarrollo de unos servicios públicos y a la creación de empleo. Hemos de tener en cuenta que la deuda pública todavía es pequeña, que el problema real está en la deuda de las grandes empresas, sobre todo los bancos, y que si no hacemos nada, lo que sucederá es que éstos nos transferirán toda su deuda a nosotros (1).
  6. Además, por la gravedad que reviste el problema de la vivienda, todo el parque de vivienda en propiedad de los bancos y antiguas cajas pasará a formar parte de un Parque Público de Viviendas para que se proceda a su alquiler a precios asequibles. Igualmente, los suelos en propiedad de dichas entidades engrosarán el patrimonio público de suelo a fin de que se utilice para la posible construcción de vivienda protegida que se estime necesaria. Las deudas de familias desahuciadas que carezcan de recursos serán condonadas y a las familias abocadas al desahucio que demuestren carecer de recursos se les permitirá seguir ocupando su vivienda a cambio de un alquiler asequible, en función de sus ingresos.
  7. Toda entidad financiera pública o con participación pública, se abstendrá de tomar parte en actividades especulativas, en la promoción de la sanidad o educación privadas; cerrará todas sus sucursales en paraísos fiscales y revisará la política de todas las empresas de las que sea accionista para garantizar el respeto a los derechos laborales, sociales y ecológicos. Los salarios de sus directivos no superarán nunca el máximo de los salarios de los trabajadores del sector público, basta de “milloneuristas”.
  8. La banca pública o con participación pública garantizará unas condiciones crediticias asequibles a las familias trabajadoras y a las pequeñas empresas.
  9. Llamamos a los partidos de izquierda a llevar estas propuestas al Parlamento estatal y a los autonómicos, así como a aprobar mociones a favor de las mismas en los ayuntamientos. Exigimos a los representantes de la izquierda política y sindical en los órganos de las antiguas Cajas de Ahorros a que defiendan estas propuestas y actúen de forma consecuente con ellas, así como que faciliten toda la información que esté a su alcance para saber cuál es la situación real de dichas entidades.
  10. Llamamos a todas las organizaciones de la izquierda sindical y política a incorporar estas propuestas a su programa, a difundirlas y a movilizarse por su aplicación.

Notas:

1.    BANKIA ORDENA SU ACTIVO INMOBILIARIO EN ESPERA DE LA CREACIÓN DE UN ‘BANCO MALO’ La banca comienza a ordenar sus activos inmobiliarios ante la previsible creación de un banco malo. Bankia, la firma con más inmuebles y suelo del sector, dio el lunes el primer paso al fusionar las sociedades inmobiliarias de las siete cajas que la componen: http://www.cincodias.com/articulo/mercados/bankia-ordena-activo-inmobiliario-espera-creacion-banco-malo/20111214cdscdimer_8/”>Leer más</a>

2.    La adjudicación de la CAM o cómo robar al pueblo: https://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com/2011/12/13/una-operacion-vergonzosa/

3.    El apoyo público a los bancos llega a los 141.000 millones de euros: https://nacionalizacioncajamadrid.wordpress.com/2011/12/15/el-apoyo-publico-a-los-bancos-llega-a-los-141-000-millones/

4.    A partir de datos del McKinsey Global Institute se estima que la deuda española total ascendería a 4,25 billones de euros, de las que la pública supone un 16% (menos de 700.000 millones) y la privada un 84% (3,57 billones). Y de esta última, 1,6 billones corresponde a las empresas, 1,35 billones a los bancos y menos de un billón a las familias. En otras palabras, son los bancos y las grandes empresas los principales responsables del endeudamiento del Estado y, si no se detiene la actual política, acabarán transfiriendo estas deudas al erario público, es decir, a todos nosotros (publicado en “Ecologista” nº 71, 2011, artículo “La deuda en España equivale a 4 veces el PIB, pero sólo la sexta parte es pública. Deudocracia: hipotecando el futuro”).

Comunicado conjunto del Grupo de Trabajo de Economía de Sol y la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro

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Un sistema financiero que nos llevó a esta crisis y que es capaz de arrodillar a gobiernos no debe salir reforzado llevándose a precio de saldo una buena parte de las Cajas de Ahorro.

En muy mal momento, sin liquidez en el mercado, salieron a bolsa Bankia y Banca Cívica. Ahora en peor situación aún, se quiere subastar la mayoría de las demás cajas, después de que el Estado haya  puesto a través del FROB cantidades superiores al valor de estas. !LAS CAJAS DEBERÍAN SER YA NUESTRAS!

Ahora va a consumarse el expolio de la CAM. El Banco de España anuncia que, si es necesario, cubrirá con dinero público el valor de la cartera inmobiliaria dudosa de la caja, que se estima en 20.000 millones de euros, amén de asegurar 7.000 millones de liquidez a tres años (prorrogable a cinco) y de haber entregado últimamente con el FROB 2.800 millones para su recapitalización.  Sin embargo, se habla de que algún banco podría quedarse con la Caja por menos de 2.000 millones y con garantías ante futuras pérdidas. ¡ESTAMOS A TIEMPO DE PARAR ESTE EXPOLIO!

¡El Banco de España prefiere regalar las Cajas y nuestro dinero puesto en ellas antes de que sean nacionalizadas!

Tiene que quedar claro que los bancos privados, movidos por el principio del máximo beneficio, no lo han hecho mejor que las Cajas, pues han hundido el sistema financiero a nivel mundial. Salvar a los bancos de EEUU y Europa ha costado ya dos billones de euros en ayudas directas y tres billones en garantías.

Se necesita una banca pública con gestión democrática y transparente, alejada de la especulación; en la que las empresas puedan obtener la financiación que necesitan, que los ahorradores confíen en que van a poder recuperar sus ahorros y que su dinero va a ir destinado a actividades éticas y sostenibles. Tenemos derecho a decidir democráticamente hacia dónde dirigir la inversión para reactivar la economía y para  luchar contra el paro. ¡Y es posible! En el País Vasco se han fusionado las Cajas creando una entidad que garantiza su propiedad pública.

Asimismo, con la nacionalización definitiva de las cajas podríamos disponer de un parque de pisos y locales de alquiler que solucionaría en gran parte el problema de la vivienda y la supervivencia de muchas pequeñas empresas.

Denunciamos la irresponsabilidad del Gobierno de la Nación; la dejación de funciones de supervisión del Banco de España;  la falsedad en las cuentas que presentan las empresas auditoras y la aquiescencia de los órganos de Gobierno de las Cajas a la estrategia de expolio de las mismas.

Exigimos acciones judiciales para esclarecer posibles responsabilidades civiles y penales en las que pudieran haber incurrido con motivo de esta crisis los gestores de los bancos, los tasadores, los auditores y los cargos políticos relacionados con la cuestión.

Por último, se anuncia con desfachatez la posibilidad de que se cree un “banco malo” público, con los activos tóxicos de la banca privada, una vez más socializar las pérdidas y aumentar los beneficios de los tiburones financieros y dejarles saneados sus negocios gestionados ruinosamente.  Por todo ello, concluimos:

No a la subasta en almoneda de las Cajas.

No a cargar con sus pérdidas sin tener la propiedad. 

Por una  banca pública democrática y transparente.

Paremos el regalo de la CAM.

En Madrid, a 27 de septiembre de 2011.

http://madrid.tomalaplaza.net